La movilidad se configura como un derecho porque es necesaria para que las personas puedan acceder al trabajo y a los servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad, y está estrechamente vinculada a la libre circulación y a la facilidad de los desplazamientos, incidiendo de forma directa en la mejora de la calidad de vida.
Pero el ejercicio de ese derecho puede afectar a nuestro entorno y agravar el calentamiento global y comprometer nuestra salud. Por ello, la movilidad ha de ser limpia y menos vinculada a la utilización del vehículo privado a favor de modos de transporte más sostenibles.
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